Ha sido aprobado el primer dictamen conjunto sobre el uso de drones por el Grupo de Trabajo del Artículo 29
Los drones están de moda. Los vemos en las noticias, los vemos en los programas de televisión y, tanto en el mundo del cine como en el de las series, se incluyen en las tramas. Y no de extrañar, sobretodo teniendo en cuenta los muchos usos que se le pueden dar y ese punto futurista que tienen que tanto gusta.
Eso sí, como ocurre con casi todo, en malas manos o, por lo menos en manos inconscientes, pueden ser un medio para obtener resultados ilícitos.
Conocedores de este hecho, las Autoridades europeas de protección de datos han aprobado el primer Dictamen conjunto sobre drones. En el mismo, el Grupo de trabajo del Artículo 29 (del que forma parte la Agencia Española de Protección de Datos) ha analizado los riesgos y la incidencia que los drones plantean para el derecho a la privacidad y a la protección de datos.
En el documento se ponen de relieve el peligro que conlleva el hecho de que los drones sean capaces de captar y procesar imágenes, sonidos o datos de geolocalización relacionados con personas identificadas o identificables. En coherencia, se aconseja volar lo menos posible sobre zonas privadas y edificios incluso cuando no esté prohibido.
También recoge ciertas obligaciones que deben cumplirse antes de usar un dron, a modo de ejemplo pueden mencionarse la de verificar si es necesaria una autorización concreta de las autoridades de aviación civil y el cumplimiento de los principios de transparencia, proporcionalidad, minimización en la captura de datos o limitación del propósito para el cuál se procesan.
Además, el Dictamen realiza diversas recomendaciones a los legisladores, reguladores del sector aéreo, fabricantes, autoridades y usuarios. A los primeros se les insta a velar no sólo por la seguridad en el vuelo sino también por el respeto a todos los derechos fundamentales.
Con respecto a los fabricantes, considera necesario que adopten medidas de privacidad desde el diseño y por defecto, también aconseja la realización de evaluaciones de impacto en la protección de datos.
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