Esta semana el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Nilo Jääskinen, ha hecho públicas sus conclusiones sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por la Audiencia Nacional sobre la interpretación de la Directiva 95/46/CE en relación con la actividad de los motores de búsqueda de Internet, en este caso sobre Google.

El Abogado general del Tribunal de Justicia de la UE cree que Google está sujeta a la legislación de la UE sobre privacidad pero no está obligado a borrar la información sensible de su índice de búsqueda. De esta forma, da la razón al buscador en un caso que enfrenta en concreto a la Agencia Española de Protección de Datos, con el gigante informático estadounidense sobre el derecho al olvido en Internet.

El Abogado considera que «una autoridad nacional de protección de datos no puede requerir a un proveedor de servicios de motor de búsqueda en Internet que retire información de su índice, salvo en los supuestos en que el proveedor de servicios no ha respetado los códigos de exclusión»

La Agencia en una nota informativa, comunica que es oportuno esperar a que concluyan las deliberaciones de los jueces y que el Tribunal Supremo dicte sentencia firme para conocer el alcance de los derechos de los ciudadanos europeos y las responsabilidades que corresponden a los motores de búsqueda

Aunque estas conclusiones publicadas no tiene carácter vinculante, los jueces suelen seguir estas recomendaciones en el 80% de los casos.

Nos remontamos al año 1998, cuando un periódico español de gran tirada insertó dos anuncios de una subasta de inmuebles relacionada con un embargo derivado de deudas a la Seguridad Social,

Tras denunciar el usuario que alegaba que el embargo al que se vio sometido en su día está totalmente resuelto desde hace años y carece de relevancia en la actualidad, por lo que quería que desapareciera del buscador de Google, cuando se introdujera su nombre.

Estos hechos fueron denunciados ante la Agencia Española de Protección de Datos, y está a su vez exigió a Google que eliminase en los resultados de sus búsquedas los vínculos al anuncio publicado en un periódico de una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas a la Seguridad Social.

En conclusión, la privacidad de los ciudadanos europeos siguen en desamparo en Internet, hasta que no aprueben las medidas necesarias en el derecho al olvido.