Desde Ozonia nos hacemos eco de la noticia publicada hoy en la Vanguardia.com, sobre el rechazo de Google a las solicitudes presentadas por la AEPD en torno a las indexaciones del buscador.

«Google ha rechazado todas las peticiones de retirada de contenidos que le presentó la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) entre julio y diciembre de 2011, según el último informe de transperencia relativo a solicitudes gubernamentales publicado hoy por la compañía. En ese tiempo, la compañía estadounidense recibió 18 solicitudes de tribunales españoles relativas a 24 elementos de la web (de las que retiró el 78%) y 25 peticiones institucionales «informales»,referentes a 283 elementos, de las que solo aceptó el 8%.

La compañía tecnológica ha informado de que la AEPD envió 14 solicitudes para retirar 270 resultados de búsqueda que enlazaban a blogs y sitios que hacían referencia a particulares y personajes públicos, así como eliminar tres blogs de Blogger y tres vídeos de YouTube. Google ha desestimado todas esas peticiones.

Entre esas solicitudes, ha indicado Google, había información de blogs y artículos de periódicos relativos a individuos y figuras públicas, incluyendo alcaldes y fiscales. En el primer semestre de 2011, Google aceptó la totalidad de peticiones de los tribunales españoles -que fueron menos de diez- y el 9% de las solicitudes informales -que ascendieron a 35-. 

En una nota publicada en su blog oficial, la compañía de Mountain View (California) ha explicado que ha estimado el 65% de las 467 peticiones de retirada de contenidos de tribunales de todo el mundo, frente al 47% de las 561 solicitudes más informales procedentes de instituciones públicas. 

Google considera «preocupante» que los organismos gubernamentales sigan solicitando eliminar contenidos políticos de sus servicios. «Esta es la quinta vez que publicamos este informe. Y como en las anteriores ocasiones, nos han pedido que quitemos discursos políticos. Es alarmante no solo porque peligra la libertad de expresión, sino porque algunas de estas peticiones proceden de países de los que no lo esperarías, democracias occidentales no asociadas con censura», ha asegurado la compañía en su blog oficial.

El país que más solicitudes ha enviado fue Brasil -128 procedentes de tribunales y 66 de otras instituciones públicas- debido, según Google, a la popularidad de Orkut. Le sigue en la lista Estados Unidos, con 117 peticiones de tribunales y 70 de otras instituciones. 

Protección de Datos acusa a Google de «tergiversar» la información

La AEPD, por su parte, ha explicado que sus peticiones de retirada de contenidos a Google no persiguen eliminar la fuente de una información que resulta lesiva para un ciudadano, sino la difusión «universal» de la misma en el buscador.

En respuesta a ese informe de transparencia, la Agencia Española de Protección de Datos ha negado que sus actuaciones sean un intento de «censura». La AEPD ha recordado que actúa cuando un ciudadano solicita su derecho de oposición y de cancelación de la indexación por parte de Google de informaciones que le generan un perjuicio «muy grave», habitualmente procedentes de hemerotecas digitales o boletines oficiales: «Cuando existe una prevalencia de la libertad de expresión, cuando la información está vigente, nosotros nunca pedimos la eliminación en el medio de comunicación, por eso no estamos de acuerdo con que se hable de censura», han explicado AEPD.

La Agencia ha sostenido que sus peticiones a Google pretenden limitar la indexación y la difusión universal y masiva de informaciones que generan una lesión a un ciudadano.
Además, considera una «tergiversación» el que la compañía tecnológica estadounidense mezcle sus resoluciones con las peticiones gubernamentales de retirada de datos porque la AEPD es una «organización independiente». Desde la Agencia han recordado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a instancias de la Audiencia Nacional, debe pronunciarse acerca de las pretensiones de Google de remitir la tutela sobre los datos de los ciudadanos europeos a la justicia estadounidense.

Para la AEPD, el que los ciudadanos españoles afectados por la difusión de contenidos en el buscador de internet tengan que desplazarse a Estados Unidos para defender sus derechos, tal y como plantea Google, conlleva un «riesgo de indefensión».