Quiso utilizar datos de salud de los catalanes para elaborar un censo que permitiera sacar adelante su referéndum soberanista

Artur Mas, Presidente de la Generalitat Catalana, lleva meses en el ojo del huracán. Todos los días vemos en los Telediarios, leemos en la prensa o escuchamos en la radio, todas las novedades referentes a su lucha por conseguir una Cataluña independiente. En este artículo, no se va a opinar acerca de esta cuestión, sino de una de las estrategias fallidas que quiso llevar a cabo el Gobierno catalán para sacar adelante su referéndum soberanista.

Artur Mas, intentó usar datos sanitarios para elaborar un censo para su referéndum soberanista.

En el 2013, el Gobierno catalán intentó elaborar un censo electoral para su referéndum soberanista, utilizando los datos sanitarios de los catalanes. En su petición oficial, se comentaba que el Servicio Catalán de la Salud ha de comunicar al Departamento de la Presidencia los datos identificativos y los de características personales incluidas en el Registro Central de Personas aseguradas necesarias para el fichero que ha de crearse para fomentar la participación ciudadana en sus relaciones con la Administración Pública. En la memoria general que acompaña la propuesta se menciona la necesidad de obtener datos personales contenidas en la Tarjeta Sanitaria Individual gestionadas por el CatSalut para incorporar usos ciudadanos que permitan relaciones de los ciudadanos con las administraciones públicas catalanas y cumplir los requerimientos legales con la puesta en funcionamiento de la Administración electrónica en el ámbito de la Generalitat de Cataluña. Mientras que en la Administración catalana se afirmó  que se pretendía crear un fichero nuevo y que para la cesión de estos datos no hacía falta el consentimiento del afectado, en la memoria se admite que si es necesario este, o sino, una autorización por ley que dispense de su obtención, según lo dispuesto en la LOPD.

La Autoridad Catalana de Protección de Datos (ACPD), en un informe,  acusó al Gobierno autonómico de no querer hacer un fichero para fomentar la relación electrónica del ciudadano con la Administración (pedían la dirección postal y no la electrónica) y consideró que no era necesario el tratamiento de los datos citados en el Registro Central de Personas Aseguradas más allá de datos como nombre y apellidos; por lo que la dirección postal que consta en la tarjeta sanitaria no es operativa para la finalidad de la propuesta y concluye que el tratamiento inicial de los datos contenidos en el registro de personas aseguradas es diferente de la finalidad de fomentar la participación ciudadana.

En el fichero de personas aseguradas hay información de mayores y menores de edad; estos últimos, no son sujetos activos del derecho y difícilmente las Administraciones Públicas pueden relacionarse vía electrónica con ellos, por lo que la ACPD consideró que no era pertinente tratar sus datos en el fichero que pretendía crear el Departamento de Presidencia.

La ACPD propuso al Gobierno Catalán como solución alternativa, articular la comunicación en base a los datos provenientes del Registro de Población de Cataluña, que es un registro administrativo donde figuran los datos actualizados obligatorios de los vecinos inscritos en los padrones municipales de los Ayuntamientos catalanes.

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Fuente: elconfidencial.com