Cada vez hay más personas incluidas en las listas de morosos por error y sin ninguna causa justificada para estar ellas. Sobre todo, en los sectores bancarios y de telecomunicaciones ha aumentado el número de personas que llegan a esta listas por equivocación, según asevera el director de la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD), José Luis Rodríguez.

El director de la AGPD señalaba que la crisis es el motivo principal de que personas que no deberían estar en ellas pasen a engrosar sus catálogos. «Esa inclusión es en muchos casos indebida, porque no se trata de una deuda cierta; porque no ha sido debidamente reclamada o porque no se ha comunicado previamente al afectado» afirmaba José Luis Rodríguez.

Asnef y Badexcug, las dos principales listas de deudores con saldos pendientes con empresas incluyen en la actualidad a 2,5 millones de españoles, que en consecuencia son considerados como morosos. Para salir de ellas es necesario esperar seis largos años durante los cuales la persona anotada en ellas puede sufrir muchos problemas. Las consecuencias son graves. «Alguien que esté en esas listas puede ver embargados los bienes que adquiera durante ese periodo», explica a ABC Pere Brachfield, profesor de la EAE Bussiness School de Barcelona y experto en la materia.

Alguien incluido en esas listas puede ver embargados sus bienes

El primer paso para aquellos cuya inclusión en el fichero sea injustificada, siempre en caso de que sea falsa la deuda que se les imputa, es evitar entrar la lista negra. El protocolo de inclusión es el siguiente: en primer lugar, la compañía acreedora tiene que reclamar el pago al deudor y darle 90 días de plazo para efectuar el pago. Si no se salda la cantidad adeudada, el moroso podrá entrar a formar parte del catálogo.

Antes de ellos, los responsables de estos ficheros están obligados a notificar al afectado mediante carta que su nombre entrará en ellos. En caso de que la acusación fuera falsa o injustificada, el afectado podrá solicitar la cancelación en 10 días. Si no se soluciona el problema, habría que recurrir a la Agencia Española de Protección de Datos para que investigue lo ocurrido. «El titular de los ficheros puede ser multado con hasta 600.000 euros. La Agencia de Protección de Datos es muy estricta en estos casos», explica Brachfiel, quien se autodefine como el único «morosólogo» del mundo.

Fuente: ABC.es