El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resuelve contra la Agencia de Protección de Datos

En estas últimas semanas la prensa ha estado cargada de noticias como poco excepcionales y sorprendentes. De ellas, algunas como el nuevo triunfo de Nadal nos han llenado de alegría, mientras que otras, como la abdicación de Juan Carlos I, han venido cargadas de polémica; incluso ha habido titulares, tales como la derrota de La Roja contra Holanda, que nos han hecho rechinar los dientes.

En materia de Protección tampoco nos hemos visto desprovistos de acontecimientos relevantes, destacando especialmente la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los motores de búsqueda.

Hoy, sin embargo,  nos centraremos en una noticia que no tanto por su relevancia, la cual indiscutiblemente posee, llama la atención porque es inversa a aquéllas que nos suelen llegar. Y es que la Agencia de Protección de Datos en vez de dar un tirón de orejas lo ha recibido.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha resuelto que la Agencia Catalana de Protección de datos y el Consorcio de Sanitario del Maresme deberán indemnizar a un paciente, hacer efectivo sus derechos en materia de protección de datos y ocuparse de las costas judiciales.

El conflicto surgió a raíz de la solicitud, por parte de un paciente al hospital de Mataró, de que su historial psiquiátrico fuese eliminado. El cual tenía su origen en la asistencia psiquiátrica que entre 1985 y 1986 recibió por una crisis matrimonial.

Tras la denegación de dicha solicitud, el ciudadano decidió recurrir a la Agencia de Protección de datos pero la misma se posicionó junto al Hospital que argumentaba que dicho historial podría suministrar datos relevantes para tratamientos futuros en beneficio del paciente por lo que su destrucción no era procedente.

La Justicia, sin embargo, ha resaltado el largo tiempo transcurrido sin que el paciente haya vuelto padecer problema psiquiátrico alguno y ha considerado que no existen razones de orden sanitario susceptibles de justificar la conservación de los datos personales controvertidos por lo que ha resuelto a favor de la protección de datos.